Nueva victoria legal frente al proyecto minero en Borobia

Este fin de semana los medios de información se hacían eco de una excelente noticia: El Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León resolvió denegar la concesión de explotación en el paraje denominado San Pablo  de Borobia al presentar la  empresa la solicitud fuera de plazo según se desprende de la declaración de caducidad del permiso de investigación minera por parte del Ministerio de Industria.

Los tribunales de nuevo nos dan la razón: Como ya denunciamos en su día en este blog, las últimas extracciones de mineral realizadas amparándose en el permiso de investigación caducado fueron ilegales. Ahora yo me pregunto ¿De que sirve la justicia cuando las grandes empresas vulneran la legalidad y obran sobre hechos consumados? Porque lo cierto es que ilegalmente pero la empresa extrajo todo el mineral que quiso utilizando la fuerza, con la cobertura de la Guardia Civil. Como cantamos en tantas manifestaciones “Lo llaman democracia y no lo es”.

En el Periódico de Aragón del domingo aparecían  las declaraciones de Anunciación Crespo, concejal de Borobia y miembro de la Plataforma por al Defensa del Agua y del Suelo y de Mariano, nuestro alcalde de Purujosa, que se mostraba prudente y no sin razón, dado que es probable que la Junta de Castilla y León volverá a sacar a concurso la explotación minera, para de ese modo “legalizar a posteriori” las acciones ejecutadas fuera de la ley, en un claro ejemplo de colaboracionismo entre la Administración afín y una gran empresa.

Quisiera aprovecha esta entrada para manifestar mi apoyo y solidaridad con la lucha de los mineros que llevan mas de un mes en huelga. Pudiera resultar contradictoria mi postura por lo que me gustaría explicarla. Considero que se puede estar en contra de la apertura de una nueva mina a cielo abierto, al lado de un Parque Natural y al mismo tiempo empatizar con compañeros trabajadores que van a perder su puesto de trabajo por el incumplimiento del Gobierno de unos acuerdos previamente firmados. Hecho especialmente grave en un contexto en el que el Estado está tapando los agujeros negros de los bancos con dinero público.

Purujosa y los pueblos del Moncayo saben perfectamente lo que es la despoblación y a ningún pueblo se le desea tan traumática experiencia. La actitud del ejecutivo condena a regiones enteras de Aragón, Asturias y León a la emigración. Familias mineras que perderían sus ingresos y dejarían de consumir por lo que mediante un efecto dominó se iría paralizando toda la actividad económica de la zona. Tal es así que al gobierno (y por ende a la ciudadanía) a la larga le saldría más rentable mantener las ayudas del carbón.  Y al margen de todos estos argumentos, es difícil no enorgullecerse de una gente que defiende con uñas y dientes sus derechos, siendo ejemplo para el resto de trabajadores.

Porque mineros y ecologistas tenemos una cosa que nos une, un enemigo común, aquel que viola acuerdos, incumple palabras, aquel que se esconde detrás de la guardia civil, aquel que viola la ley. Porque el Sr. Yeregui (empresario de Magnesitas) y el Sr. Soria (Ministro de Industria) tienen también una cosa en común, pertenecen a esa clase corporativa, endogámica, donde las distancias entre política y dinero, poder y administración, se diluyen en beneficio propio. Y hasta que nosotros, los de abajo, no retomemos nuestra conciencia de pertenencia a un grupo común, los administradores seguirán  riéndose de los administrados.